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Carta al Presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos de América

Carta al Presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos de América
Irma A. Velásquez Nimatuj

Señor Presidente, soy una mujer maya-k’iche’ del occidente de Guatemala, soy una de las 5 mujeres que en aproximadamente 9 millones de indígenas de mi país posee un doctorado, proceso que no debe celebrarse dentro de la lógica capitalista como un logro individual de superación sino entenderse como producto de la exclusión de 494 años que se han ejercido sobre los pueblos indígenas en Guatemala y en el continente. Soy periodista y antropóloga social, conozco Centro América porque durante dos décadas he trabajado con comunidades, organizaciones e instituciones. He recorrido y he vivido en sus entrañas, por eso, le escribo porque no puedo callar este profundo dolor que me causa estar frente a la crisis humanitaria que enfrentan mis hermanos de Honduras y que se refleja en las más de 5 mil personas, entre niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidades, que han abandonado su tierra y ahora se dirigen por cualquier medio posible hacia los Estados Unidos.   

Si bien, Honduras está llamando la atención por lo masivo de este éxodo humano, la crisis también ha venido minando la estabilidad de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. De Centro América, cada 17 minutos una persona abandona su país.  Esto indica que no se trata de casos aislados sino de una crisis del sistema político y económico de la región, tampoco es un problema causado por la falta de leyes o por vacíos legales, las leyes podrán endurecerse, además, podrán colocar en las diferentes fronteras al ejército mejor equipado del mundo pero no podrán detener este torrente de personas que cada vez más irá aumentando y que están gritando al mundo que se marchan del lugar en donde nacieron porque sus gobiernos no han sido capaces de cumplir con sus promesas de crear oportunidades dignas para quedarse y construir sus propios sueños.    

La mayoría de países centroamericanos se han caracterizado por estar dirigidos por gobiernos cuyos dirigentes, en alianza con las elites económicas y militares responsables de crímenes contra la humanidad, han asumido el Estado como un botín y se lo disputan en aras de enriquecerse y asegurar sus privilegios económicos y raciales.  Esto ocurre mientras extensas poblaciones languidecen entre la violencia y el hambre. En Guatemala, Honduras y El Salvador, hoy las pandillas son más fuertes que las instituciones de seguridad, poseen mejor armamento y recursos que las propias policías nacionales, porque sus integrantes reciben equipo y un alto ingreso semanal. Dentro de estas estructuras criminales, sus miembros, o los que sobreviven, tienen la posibilidad de escalar en la estructura de mando, en base al cumplimiento de su trabajo, mientras dentro de las instituciones de estos estados los mejores profesionales nunca escalan porque los puestos son asignados por corrupción o para pagar favores electorales.  

Un ejemplo es Guatemala, en donde miembros de la Policía Nacional Civil, junto a sus esposas e hijos tomaron las carreteras esta semana porque las comisarías no tienen ni sanitarios menos salarios que les alcancen para alimentarse.  Las poblaciones se están organizando y se están marchando porque no pueden seguir esperando a que los políticos los prioricen en su agenda, de la boca de los presidentes solo emanan mentiras tras mentiras y de sus discursos, promesas que nunca cumplen. Y cuando la sociedad civil intenta crear alternativas e instituciones que fortalezcan los estados, éstas son inmediatamente desmanteladas.  Allí tiene usted las acciones del presidente de Guatemala, Jimmy Morales y su gabinete, quien se ha olvidado de gobernar por eso, hoy no tenemos ni carreteras, las vías de comunicación del país están casi destruidas e intentar llegar a departamentos como Huehuetenango, uno de los más grandes, es casi imposible porque la carretera ya no existe. Pero a Morales no le importa sí la población vive o muere, él se ha centrado exclusivamente en asegurarse impunidad para él, para su gobierno, sus financistas y desmantelar por métodos legales e ilegales a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, CICIG.

El mismo presidente Morales, junto a las elites económicas y militares han pagado millonarios cabildeos en Washington para destruir la CICG mientras la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, está implementando en Guatemala una agenda regresiva para desmantelar los valiosos logros y conquistas que en el sistema de justicia iniciaron de manera valiente y profesional las fiscales Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018), quienes fueron capaces de construir equipos profesionales y honestos del más alto nivel. En su mayoría, esos fundamentales logros en justicia se financiaron con fondos de la cooperación internacional, incluyendo Estados Unidos.   

La CICIG se creó en Guatemala, en 2006, ante la incapacidad de frenar las redes corruptas, mafiosas y paralelas que tienen sus orígenes en el período de contrainsurgencia de la segunda mitad del Siglo XX. Durante ese tiempo, el financiamiento de los Estados Unidos a los gobiernos militares no creo la democracia ni la paz deseada, sino que armó y enriqueció los bolsillos de militares y de estructuras del crimen organizado. Por lo mismo, la migración centroamericana no es un proceso nuevo. Su país señor Trump debe realizar un estudio crítico de su política exterior desde una perspectiva histórica para asumir responsabilidad y aprender de los errores cometidos en el pasado, si en verdad desea frenar la migración humana. En las décadas de 1980 miles de centroamericanos huyeron hacia los Estados Unidos por la violencia que los estados y sus fuerzas de seguridad, financiados por su gobierno, ejercieron sobre cientos de miles de familias y comunidades hasta destruirlas.  

Posterior a la transición democrática, las redes y mafias de la corrupción se incrustaron en todo el Estado y por décadas han usado todas las instituciones para saquearlo.  Como resultado, los principales ministerios como salud, educación, gobernación o comunicaciones cuentan con paupérrimos presupuestos, incapaces de cubrir las necesidades de las mayorías.  Para el caso de Guatemala, esto ha provocado que a partir de que se firmara la paz en 1996, entre el Estado y los grupos guerrilleros, la población guatemalteca no deja de migrar hacia los Estados Unidos como una válvula de escape, por la falta de servicios básicos o la imposibilidad de poder mantener o construir pequeñas, medianas o grandes empresas, cooperativas o negocios porque ni siquiera es posible acceder a educación digna menos a créditos justos.

Al Estado guatemalteco las elites políticas, económicas y militares junto a las mafias lo han ido modificando para mermar a la clase media que disminuye año tras año mientras aumentan los privilegios a un pequeñísimo sector que no supera el 10 por ciento de la población total del país, al extremo que ese 10 por ciento se queda con el 45 por ciento del total de la riqueza nacional que generamos, y que, además se niega a pagar impuestos directos.  La salud y la educación de Guatemala, en un país hermoso y rico en múltiples recursos, ha tenido que mantenerse de la cooperación internacional. En mi experiencia, trabajando en cooperación para el desarrollo pude comprobar que el presupuesto nacional en las áreas sociales se mantiene gracias al apoyo de los Estados Unidos y de otros países donantes, sin esa ayuda, millones más de seres humanos hubieran muerto o hubieran abandonado el país.

La cooperación de Estados Unidos, junto a 12 países más, permitió el cumplimiento de algunos de los Acuerdos de Paz, porque el Estado se desatendió de su responsabilidad.  Y sin temor a equivocarme -en base a mi experiencia, trabajando y viviendo en comunidades indígenas y no indígenas, en regiones urbanas y rurales, dentro de Guatemala y a lo largo de América Latina- la mejor inversión que su país y otros países han hecho en Guatemala  ha sido apostarle a la creación de la CICIG, la cual bajo la dirección del Comisionado Iván Velásquez, demostró que Guatemala no es un país pobre, al contrario, Guatemala es un país rico, el problema radica en que los impuestos directos e indirectos que pagan todos los ciudadanos, incluyendo los pobres que cargan los impuestos indirectos, que son el 35 por ciento del presupuesto general de la nación, no llegan a las poblaciones sino se van a través de múltiples redes a los bolsillos de los presidentes, ministros, diplomáticos, magistrados, jueces, diputados, alcaldes, gobernadores y empresas privadas nacionales y extranjeras quienes se los reparten, convirtiéndose en multimillonarios a costa de permitir que la pobreza en Guatemala aumenté 8.1 puntos porcentuales en la última década.  

Estados Unidos desea parar la migración de nuestros países y nosotros quisiéramos vivir en nuestros países, anhelamos la justicia para cerrar las heridas y los crímenes del conflicto armado, queremos ser prósperos allá, queremos acceder a condiciones mínimas y dignas para todos, en donde la aguda violencia no nos impida crecer, invertir y vivir, pero no podemos, por más que lo intentamos una y otra vez. Vivimos bajo sentimientos de frustración e indignación permanente que solo fortalecen el trauma histórico que cargamos.

En los últimos tiempos han estado saliendo de Centro América los mejores cerebros, los mejores cuadros formados en múltiples áreas y en diferentes especialidades producto de la represión, de la violencia, pero, sobre todo, producto de la incapacidad de poder encontrar un trabajo digno para nosotros y para nuestras familias. La única forma de acceder a un trabajo es pasar a ser parte de las redes corruptas.

Si quienes tenemos niveles altos de preparación estamos dejando nuestros países con profundo dolor, imagínese las poblaciones pobres, las familias que no encuentran ingresos para sostener sus hogares, la juventud que no puede materializar sus sueños porque nadie los emplea, las comunidades indígenas que viven aisladas, las mujeres que ven morir a sus hijos ante la falta de un hospital, sin agua potable sin vacunas, sin médicos, no queda otra opción. Y estando fuera nuestro trabajo es clave. Hoy las remesas de los guatemaltecos representan el 12 por ciento del Producto Interno Bruto, el 18.3 por ciento en El Salvador, en Honduras el 19.5 por ciento y el 10.2 por ciento en Nicaragua.  Sin estas remesas las crisis de nuestros países serían más agudas. El mundo tiene que saber y comprender que la migración masiva e imparable de centroamericanos es una reacción humana y natural que busca vías de escape para no morir, estoy segura, que usted en una condición similar haría lo mismo y lo haría por usted y por su familia.

Guatemala solo tiene 7 hospitales para 17 millones de habitantes y estos están en condiciones deplorables mientras que la desnutrición crónica infantil, focalizada principalmente en regiones indígenas, llega a alcanzar hasta  un 80% de los niños de 0 a 5 años, por la pobreza en que viven sus familias, quienes no tienen los medios para proporcionarles los requerimientos nutricionales mínimos por la falta de empleo digno pero también de políticas públicas sanas, los ministros de salud se defienden aduciendo la falta de presupuestos mientras ellos mismos junto a empresas farmacéuticas son los saqueadores del poco presupuesto que se les asigna.  Por todo esto, para conseguir una cama en un hospital, debe recurrirse a la corrupción, no hay otra forma de obtenerla. Además, los médicos con especialidades tienen un salario que no supera los 500 dólares mensuales por media jornada de trabajo ¿cómo no se van a marchar?

Por eso, ante los resultados y el impacto que ha demostrado la CICIG en los últimos 5 años, en donde ha colocado en la cárcel a más de 600 funcionarios y empresarios que desfalcaron al Estado y ha desmantelado redes en donde, desde presidentes hasta sindicalistas están implicados, sería un error histórico y político de su administración no apoyarla y permitir su destrucción.  De seguir sosteniendo y apoyando a los regímenes corruptos de Centro América las olas de migrantes no solo se mantendrán sino aumentaran, serán imparables y migraran para donde puedan. Las poblaciones en estos momentos no creen ni escuchan a los gobernantes, ni a sus esposas o esposos, ni a ningún otro funcionario, la ira interna, la frustración y el coraje es tanto porque saben que mienten y solo buscan impunidad. Así el jueves 18 de este mes, los diputados de Guatemala reformaron el delito de financiamiento electoral ilícito, para que el presidente Morales, los partidos políticos que se nutren de fondos no declarados y los financistas de las campañas electorales no sean juzgados, mientras tanto el país está siendo golpeado por una depresión tropical que está devastando el territorio nacional y dejando incomunicados a millones de habitantes.  Este estado de calamidad no les importó a los diputados porque están aprovechando la crisis para recetarse amnistía penal. Por actos como éstos, en donde los gobernantes y los congresistas de nuestros países anteponen sus intereses es que han perdido toda legitimidad y han minado las débiles democracias que surgieron luego de los conflictos armados de las décadas de 1970 y 1980.

De continuar con estas mismas condiciones, las poblaciones vulnerables que decidan quedarse lo harán, con el peligro de terminar incorporados al crimen organizado en cualquiera de sus diferentes facetas, porque es la única posibilidad de encontrar empleo para jóvenes y adultos, mujeres y hombres, y esto implicará que el paso de estupefacientes por Centro América aumentará de manera significativa hacia los Estados Unidos.  Crecerá también la conflictividad social que ya es alta, solo Guatemala posees más de 1,200 conflictos sociales, producto de la inequidad y la disputa por los pocos recursos que quedan, pero, sobre todo, Estados Unidos tendrá a menos de 2,500 kilómetros una inestabilidad social permanente que será aprovechada por otras potencias mundiales y que sin duda, se entretejerá con otros fenómenos sociales que irán surgiendo y manteniendo una polarización que se reflejará en altas tasas de violencia, que tarde o temprano impactarán en los Estados Unidos.  

Siendo testiga y actora me atrevo a recomendar, que la mejor manera en que los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos se usen por la vía de la cooperación es fortaleciendo a instituciones como la CICIG para construir estados sólidos, al servicio de sus ciudadanos y no de más redes corruptas estatales que se quedan con buena parte de las donaciones. Además, para que la cooperación hacia Centro América se coloque en áreas prioritarias y que tenga impacto debe de ser dirigida, no por el mismo sector que ha empobrecido al país, porque dará lo mismo, los millones se perderán, porque solo beneficiaran a sus empresas que se han quedado siempre con todos los contratos, hay que darle oportunidad a la autoridades y liderazgos regionales, locales y comunitarios, quienes saben qué es lo prioritario en sus territorios y cómo ejecutarlo, por eso, lo que queda de asistencia para Guatemala, Honduras y El Salvador debe de ser revisado y rediseñado antes de ser entregado.  Solo un proceso de limpieza institucional y de transparencia permitirá poco a poco construir prosperidad y estabilidad. Estados Unidos, tiene hoy en sus manos la singular oportunidad, política e histórica, de apoyar esta única institución que ayudó a crear, la CICIG que nació en Guatemala y que puede ser replicada en muchos otros países en donde la guerra, el hambre, la desnutrición, la migración, la violencia y la confrontación social se han apoderado de las poblaciones.

Centro América es una hermosa región, es una región rica, no puede seguir expulsando a su población, a su fuerza laboral, por eso, urge invertir en todos sus habitantes no en unos pocos, urge invertir en sus poblaciones reconociendo su diversidad y urge crear instituciones que generen estabilidad, promoviendo que la riqueza se comparta.  

Originalmente publicado en ElPeriódico de Guatemala el 21 de Octubre, 2018.

Paco de Onís
paco@skylight.is
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